Venezuela ha vivido, el pasado 28 de Julio, una histórica elección presidencial, ya que miles de venezolanos apostaban a un gran cambio con sabor a libertad.
Entre Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia, este último era el elegido por el pueblo, sin embargo el chavismo se negaba a dejar el poder. Para sorpresa de muchos, los resultados no fueron los esperados. El Consejo Nacional Electoral anunció a Nicolás Maduro como ganador sin mostrar las actas, lo que provoco que el pueblo venezolano saliera a las calles en busca de respuestas y manifestándose contra el aberrante resultado.
Las elecciones generaron interrogantes y discusiones, no sólo de los propios ciudadanos sino también de otros países, de líderes políticos e incluso de organismos internacionales. Entre ellos el Centro Carter, una organización sin fines de lucro fundada en 1982 por el expresidente estadounidense Jimmy Carter y su esposa Rosalynn, y es actualmente dirigida por John Moores. El centro se encuentra localizado en Atlanta, Georgia.
El martes por la noche, el Centro Carter divulgó un duro comunicado a través del cual se dio a conocer la postura sobre la elección en Venezuela.
“La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”, comienza el comunicado.
Y continua diciendo, “el Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales. El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación”.
“A lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición. En el campo específicamente electoral, la actualización del registro de electores se realizó con numerosos inconvenientes: plazos muy cortos, relativamente escasos lugares de inscripción y una mínima campaña de información y difusión públicas. El problema se agravó en el exterior, donde los ciudadanos enfrentaron barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero. El resultado de la restrictiva jornada especial se tradujo en cifras muy bajas de nuevos votantes en el exterior. El registro de partidos y candidatos tampoco se adecuó a estándares internacionales”.
“En los años recientes, partidos de la oposición han sufrido intervenciones judiciales en desmedro de sus liderazgos social y políticamente más reconocidos para beneficiar a personas afines al gobierno, influyendo sobre la conformación de sus candidaturas. De manera aún más importante, la inscripción de la candidatura de las principales fuerzas de oposición se halló sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales que adoptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos. La campaña electoral se desarrolló con un notable desequilibrio a favor del gobierno en todos los campos. La candidatura oficialista contó con muy amplios recursos, lo que se tradujo en la gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor”.
“Se observó el abuso de recursos públicos, incluyendo el uso de vehículos, la movilización de funcionarios para la campaña y el uso de programas sociales. Asimismo, la candidatura gubernamental tuvo preponderancia en la televisión y la radio, tanto en publicidad, transmisión de eventos y cobertura noticiosa. Las autoridades intentaron restringir las campañas de la oposición, incluyendo la persecución e intimidación de personas que prestaron servicios o vendieron bienes para el proselitismo opositor para generar un efecto disuasivo. Pese a este contexto, la ciudadanía venezolana se movilizó masiva y pacíficamente el 28 de julio para expresar sus preferencias. La jornada de votación transcurrió de una manera cívica, pese a restricciones en el acceso a recintos para observadores nacionales y, sobre todo, testigos de partidos, mecanismos de eventual presión sobre el electorado (puntos de control partidario gubernamental en la cercanía de los recintos para verificar la asistencia de los votantes) e incidentes de tensión o violencia reportados en algunas localidades”.
“En el número limitado de recintos visitados, los equipos de observadores del Centro Carter comprobaron la voluntad de la ciudadanía venezolana por participar en un proceso electoral democrático y demostrando su compromiso cívico como integrantes de mesa, testigos de partidos y observadores. Estos esfuerzos fueron desmerecidos por la ausencia de transparencia del CNE en la difusión de los resultados”.
Sobre la misión técnica de observación electoral del Centro Carter en Venezuela
El Centro Carter fue invitado por el CNE para observar la elección presidencial de 2024 y firmó un memorando de entendimiento para garantizar que la misión pudiera observar libremente de acuerdo con sus estándares metodológicos.
El Centro Carter desplegó 17 expertos y observadores a partir del 29 de junio, con equipos en Caracas, Barinas, Maracaibo y Valencia. La misión se reunió con una amplia gama de actores, incluyendo el CNE, candidatos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, grupos de observación ciudadana, representantes de los medios de comunicación, funcionarios gubernamentales, las fuerzas armadas y expertos electorales. Dada la cantidad de integrantes, las observaciones directas del Centro Carter fueron limitadas, especialmente el día de las elecciones.
El Centro Carter publicará un informe final de su misión de observación en Venezuela, detallando todos los hallazgos en este comunicado.
El Centro Carter ha observado 124 elecciones en 43 países y está comprometido con la observación electoral imparcial e independiente que proporcione transparencia en los procesos electorales con el objetivo de fomentar procesos que cumplan con los estándares internacionales de elecciones democráticas.
