Persecución contra la prensa en Nicaragua, asesinatos contra periodistas en México y sostenibilidad de los medios de comunicación fueron los ejes de una amplia y exitosa agenda desarrollada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la capital de Estados Unidos.
Durante tres días, una delegación de la SIP liderada por su presidente, Jorge Canahuati, visitó a funcionarios del Departamento de Estado, legisladores de ambos partidos, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), embajadores permanentes ante esa institución, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, varios think tanks e instituciones dedicadas a los derechos humanos, la creación de políticas públicas sobre libertad de expresión y la asistencia económica para el periodismo profesional.
“Estamos muy satisfechos –dijo Canahuati, CEO del Grupo Opsa, de Honduras— porque hemos encontrado buena recepción a nuestros reclamos y preocupaciones. Entendemos que varios de los temas planteados serán parte de la agenda de la próxima Cumbre de las Américas, desde la búsqueda de soluciones para la violencia contra los periodistas a la grave crisis de sostenibilidad de los medios que está creando grandes desiertos informativos, elementos estos que conspiran contra la democracia”.
Ante cada institución, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, se refirió a la violencia que este año cobró ya la vida de 17 reporteros y reporteras latinoamericanos, entre ellos 11 de México, el encarcelamiento y la persecución de periodistas en Nicaragua y Cuba —que forzó al exilio a un total de 77 comunicadores y directivos de medios en ambos países— y la falta de políticas públicas coherentes y eficientes para prevenir crímenes y evitar la impunidad.
Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, recalcó principios de la Declaración de Nicaragua, un documento firmado por 27 organizaciones de medios y periodistas que pide a los gobiernos adoptar medidas concretas para neutralizar la persecución sistemática del periodismo independiente de Nicaragua.
Entre esas medidas, la Declaración solicita a los organismos multilaterales que condicionen la asistencia económica no humanitaria hasta que el gobierno libere a los presos políticos y devuelva las instalaciones a La Prensa, Confidencial y 100% Noticias. Asimismo, la Declaración insta a los gobiernos receptores del éxodo de periodistas nicaragüenses que agilicen trámites de visas de trabajo.
En el Capitolio, y en diálogo con equipos de asesores de senadores republicanos y demócratas, la SIP se interesó por el avance de proyectos de ley que apoyan al periodismo. Entre ellos, la iniciativa de “Competencia y Preservación del Periodismo” (JCPA, en inglés), que posibilita y promueve negociaciones obligatorias entre los medios y a las grandes plataformas globales para que acuerden un precio justo por los contenidos noticiosos que aquellos generan, como ya ocurre en Australia y en varios países europeos.
La SIP también se interesó por el proyecto de Sostenibilidad del Periodismo Local, que contempla subsidios y créditos fiscales para apoyar financieramente a medios regionales pequeños y medianos, para evitar que la crisis económica, agravada por la pandemia, los siga condenando a la desaparición. Asimismo, la entidad requirió detalles sobre una iniciativa más reciente, el proyecto de Ley de Competencia y Transparencia en la Publicidad Digital, presentado el 19 de mayo.
En diálogo abierto con un nuevo grupo de 12 embajadores ante la OEA, denominado “Amigos de la Libertad de Prensa y del Periodismo”, su líder, el embajador por Uruguay Washington Abdala, solicitó a la SIP que proponga medidas concretas en materia de sostenibilidad de medios, ya que consideró que estos “juegan un papel insoslayable para la democracia de nuestros países”. Abdala compartió el diagnóstico realizado desde la entidad y solicitó ideas para desarrollar políticas públicas y regulaciones sobre la “remuneración justa y razonable” que la SIP exige que las plataformas paguen a los medios por los contenidos noticiosos que aquellas distribuyen.
En reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, la delegación dialogó luego sobre el tono confrontativo que suele caracterizar a los debates en las redes sociales, y la propaganda gubernamental de desprestigio que se ejerce a través de ellas. Almagro se mostró preocupado por lo que consideró son los tres ataques fundamentales contra la democracia: “la captación de los poderes judiciales y las reformas constitucionales; los ataques a los procesos electorales y las agresiones contra la libertad de expresión”.
En otras reuniones, la delegación de la SIP hizo referencias al alto grado de volatilidad de las democracias en América Latina y puso énfasis en las campañas de desinformación que emprenden ciertos gobiernos a través de la estigmatización directa y de las granjas de troles, un sistema de propaganda usado para desprestigiar a periodistas, medios y miembros de la oposición.
“No nos caben dudas de que estamos ante una tormenta perfecta, en la que podemos observar nítidamente la relación existente entre la debilidad de las democracias y el cierre de medios de comunicación debido a la crisis económica y los ataques políticos”, dijo el presidente de la Comisión de Asuntos Legales de la SIP, Martín Etchevers, directivo del Grupo Clarín, de Argentina.
La delegación también se reunió con fundaciones privadas y agencias gubernamentales de EE.UU. para explorar la viabilidad de programas de apoyo al periodismo profesional en América Latina.
Además de Canahuati, Jornet y Etchevers, la delegación de la SIP estuvo integrada por Andrea Miranda, editora general del Grupo Debate Media, México; Sebastián Pastor, director ejecutivo de la Fundación Televicentro, Honduras, y Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP. Participaron en algunas reuniones Gilberto Urdaneta, miembro del Comité Ejecutivo de la SIP, y Lisa Zycherman y Sasha Dudding, del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa (RCFP, en inglés).
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
